Concebidos históricamente como fórmula de dominio de quienes ostentaban el poder sobre los que no lo tenían, se intentan justificar en la actualidad para cubrir los gastos del Estado y del aparato institucional.
Son, en mi opinión, una amenaza constante para la libertad del individuo. El Estado no produce, sino que detrae arbitrariamente , distribuyendo parte de esa cantidad en servicios, reservándose para sí un alto porcentaje .
Las remuneraciones percibidas por quienes detentan el poder, deberían enjuiciarse según el valor y rendimiento de quienes lo perciben. Habría que ir caso por caso.
Lo que salta a la vista es que junto al funcionariado, cada gobierno sostiene un elevado número de personas percibiendo remuneraciones públicas por razones políticas, sin reparar en su eficiencia. Suponen, en definitiva, una carga tributaria importante sin ser de utilidad.
Pero esa lacra de los conocidos como “enchufados”, resulta muy difícil de eliminar. En España la soportamos multiplicada por 18 (el gobierno central por una parte, y cada una de las 17 autonomías por otra) y por millares si tenemos en cuenta todos los municipios.
La mayor carga tributaria que se avecina no debe confundirnos con la afirmación, de que se va a dar más al que menos tiene quitándoselo al que tiene más. De lo que se trata en realidad, es de mantener esa impresionante amalgama de gobiernos y los parásitos económicos que conllevan. En este sentido, de rebajar su propio gasto, no tengo noticia de acción eficaz. Ni la espero, pues haría falta convicción en quienes pueden tomarla y una cierta despreocupación por su propio futuro político. Algunos , entre los que me incluyo, sí hemos tenido esa decisión sabiendo lo que nos jugábamos.
Se hacen amigos dando lo que no es tuyo, y se convierte uno en elemento a eliminar cuando se antepone la ética al amiguismo. Quizás cuesta admitir que muchos de los que disponen de recursos económicos, lo hayan hecho haciendo valer su esfuerzo, su capacidad de ahorro, o su preparación profesional como justificación de sus ingresos. Otros dispondrán de recursos a causa de caprichosas loterías o pelotazos, pero son afortunadamente los menos. Es evidente que la austeridad es en España una virtud desde un punto de vista electoral poco rentable para los políticos, y así nos va.
Como muestra de contención del gasto público sirva un botón:
Si fue posible que el Consell no tuviera déficit entre los años 1978 a 1982, es porque los Consellers con varias Consellerías percibían sólo un sueldo, el parque móvil era reducido y había que justificar su uso, se prescindió de 16 guardaespaldas y de 12 periodistas innecesarios, pues se limitaban a cantar las “gestas” de los respectivos Consellers.
Por el contrario, el 26 de noviembre de 1982 se produce un nuevo cambio en la presidencia y la remuneración de dicho cargo pasó de 145.000 a 650.000 pesetas mensuales. Doy fe de ello.
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